Según publica hoy el diario digital La Nación, la Agencia Española de Protección de Datos ha decidido no sancionar a la clínica abortista Isadora (en la foto), propiedad de la ex diputada de Izquierda Unida, Marisa Castro, a pesar de que la Guardia Civil denunció la aparición de datos de carácter personal de pacientes entre restos de bebés abortados.La misma institución acostumbrada a sancionar con severidad a empresas de marketing, publicidad, telecomunicaciones o banca por el "grave" crimen de enviar publicidad no deseada, decide ahora levantar la mano frente a un caso de singular gravedad. Hace un año en una inspección realizada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a la Clínica Isadora, se encontraron en la basura documentos con datos de los pacientes. A raíz de este hecho escandaloso, la Agencia de Protección de Datos decidió abrir una investigación.



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